Tres quedaron en libertad sin medidas.
Redacción | redaccion@cronica.cr
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirmó esta tarde que el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública ordenó la suspensión de sus cargos, por un plazo de seis meses, a la presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social, Marta Eugenia Esquivel, así como a cuatro directivos más.
Se trata de Camareno, Gómez, Rojas y Brenes quienes forman parte de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y a quienes también se les impuso no tener ningún tipo de contacto, perturbar o molestar a ningún testigo de la causa, ni influir de ninguna manera con la licitación cuestionada.
Mientras que respecto a los imputados de apellidos Quirós, Araya y Porras no se les impuso ningún tipo de medida.
Fue el pasado 23 de marzo cuando se dieron 28 allanamientos y la detención de estas ocho personas por los aparentes delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
Esto por la adjudicación de la administración de 10 áreas de salud a cooperativas, para la atención de 138 Ebais, donde se atienden a cerca de 538 mil personas en diferentes especialidades.
Tras la finalización de la audiencia, el juez se tomó más de una semana para dictar las medidas cautelares que fueron dadas a conocer esta tarde.
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