Gobierno califica de “absurdas y abusivas” acciones y detenciones por adjudicación de Ebais

Ministra de la Presidencia asegura que la situación no huele nada bien.

Redacción | redaccion@cronica.cr

Esta tarde la Ministra de la Presidencia, Laura Fernández, fue la encargada de dar la posición del gobierno tras la detenciones realizadas por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) ante la supuesta adjudicación irregular de la administración de 138 Ebais a cooperativas.

En las declaraciones brindadas afirmó que lo que se está dando es un abuso de poder por parte de las autoridades judiciales y enfatizó que todos los miembros del Poder Ejecutivo están dispuestos a dar las explicaciones necesarias ante cualquier investigación.

“El pueblo, la democracia y el gobierno no debemos tolerar abusos de poder de parte de ninguna institución pública, en este caso de la Fiscalía General. Las acciones de la fiscalía son absurdas, desde cualquier punto de vista legal y moral, abusivas”, afirmó Fernández.

Dentro de las detenidas figura la presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) Marta Esquivel, así como siente personas más que formaban parte de la Junta Directiva al momento que se tomó la decisión.

Para Fernández, lo acontecido hoy no tiene sentido ya que los delitos que achaca la investigación no se pueden haber cometido por la sencilla razón de que la adjudicación no está en firme.

“Cómo es posible que la fiscalía argumente que hay prevaricato, si la adjudicación del contrato ni siquiera está en firme, apenas está en revisión de la Contraloría y no se ha pagado un solo colón ¿Cómo podría haber prevaricato, sin ningún Tribunal Contencioso Administrativo ha declarado algún acto ilegal en lo decidido por la Junta Directiva de la Caja? ¿Por qué tanto show, cuando esto no tiene ni dos meses de haberse denunciado, por qué no citaron por escrito a los miembros de la Junta Directiva y a doña Marta en lugar de detenerlos mediáticamente?”, cuestionó la Ministra.

Finalmente aseguraron que esta acción es un intento de la Fiscalía de amenazar al gobierno para que deje de cuestionarlos y que es una amenaza sin precedentes que no se debe de permitir.