Díaz y Chaves enfrentados por actuar en detención de Marta Esquivel

Fiscalía mantiene que actuó apegada a derecho.

Redacción | redaccion@cronica.cr

El Fiscal General, Carlo Díaz y el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, están enfrentados tras la detención de Marta Esquivel, presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y su posterior traslado en perrera desde Pérez Zeledón hasta San José.

“Todos hemos sido testigos de cómo la Fiscalía General de la República abusó de su poder, del músculo que tiene, para amedrentar e intimidar al gobierno de la República, deteniendo de manera arbitraria, de manera mediática y amenazante a una alta jerarca de este gobierno”, inició este miércoles el Mandatario su tradicional conferencia de prensa.

Ante esto el Fiscal General, Carlo Díaz, no se quedó callado y le respondió todas y cada una de las afirmaciones, dejando en claro que, desde su posición, se actuó en absoluto apego a derecho y calificó las declaraciones de Chaves como erradas.

“La Fiscalía y sus representantes han actuado en todo momento apegados a la ley, bajo los principios de independencia funcional, objetividad, respeto al principio de legalidad y a las garantías individuales y procesales de las partes. La ley también nos impone la obligación de impedir que los hechos investigados produzcan consecuencias ulteriores, en este caso, en perjuicio de la Hacienda Pública y de todos los costarricenses (artículo 289 del Código Procesal Penal), lo anterior, al amparo de una resolución de un juez, que previamente avaló nuestros requerimientos.”, explicó Díaz.

Pero Chaves, además dijo que “la sana teoría, nuestros códigos penales y hasta el sentido común y de moralidad dictan que, el Estado, la Fiscalía, el poder represivo de un gobierno, investiga antes para tener la base de detener a alguien, de privar de la libertad a alguien, para eso es que se debe investigar, pero no, la Fiscalía curiosamente detuvo primero para investigar”.

Esta afirmación también fue desmentida y negada contundentemente por Díaz quien le respondió al Mandatario que “las detenciones realizadas se hicieron dentro del marco de la legalidad, propiamente al tenor del artículo 237 del Código Procesal Penal, mismo que indica que el Ministerio Público podrá ordenar que una persona sea detenida cuando sea necesaria la presencia y exista indicios comprobados para sostener razonablemente que es autor de un delito o partícipe en él y que puede ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar. En el caso particular, la fiscalía determinó la existencia de peligros procesales de fuga y de obstaculización. Previo a las detenciones, cabe reiterar que nuestras peticiones presentadas al juez contaban con elementos probatorios y sustento legal, lo cual nos permite sostener razonablemente que las personas detenidas son autoras probables de los delitos que se les imputan. Por lo anterior, rechazamos categóricamente las manifestaciones temerarias que afirman que detuvimos para investigar.”

Respecto a la licitación, el Presidente indicó que “Alguien de buena intención y de buena fe y respetuoso de nuestras leyes, debe haber esperado a que la Contraloría General de la República hiciera ese análisis y dijera, sí la licitación es correcta y la pueden adjudicar, que es una de las opciones que puede ocurrir, o que la Contraloría dijera no, no aceptamos el recurso que presentó otros los participantes, y entonces se elimina la adjudicación ¿por qué don Carlo no se esperó?”

Y así le contestó el fiscal “Es falso indicar que la licitación que sustenta la apertura de la causa penal está en revisión por parte de la Contraloría General de la República, puesto que, como se puede verificar en el SICOP, dicha contratación está en firme. Tal como lo aclaró el ente contralor, solamente una de las 10 líneas adjudicadas está sujeta al resultado de una apelación. Los adjudicados rindieron la garantía de cumplimiento, lo cual genera obligaciones para las partes que pueden ser tutelables en vía administrativa o judicial. Por lo tanto, la afectación a la Hacienda Pública, tanto material como jurídica, desde la óptica de la fiscalía y la Ley de Contratación Administrativa, se encuentra consumada.”

Respecto al trato hacia la expresidenta Chaves dijo “qué fácil y qué cobarde es montarla en una perrera y enviarla a San José, como si fuera una miembro de una banda de sicarios o un narcotraficante peligroso. A mí no me queda la menor duda, ni creo que le quede la menor duda al pueblo de Costa Rica, que lo que hizo la fiscalía fue montar un show, amedrentando a doña Marta, montándola en una perrera y todo eso, sabiendo lo que la Fiscalía no hizo, que fue pedir prisión preventiva para ella”.

Esto tampoco le pareció a Díaz quien expresó “En cualquier causa penal, la logística del traslado de los imputados corresponde en la mayoría de los casos al Organismo de Investigación Judicial, es decir, es un procedimiento estrictamente policial. La Fiscalía no determina cómo se traslada a una persona que es requerida, lo cual se hace en cumplimiento de protocolos previamente establecidos, y en los mismos no cabe establecer un trato diferenciado según la persona de quien se trate, puesto que en Costa Rica todos somos iguales ante la ley.”

Y sobre el show enfatizó “Nos parece completamente irrespetuoso que nuestras acciones sean catalogadas como un “show”, máxime cuando se investiga un asunto tan serio y que le podría traer graves consecuencias al erario público, debiendo recordarse que nuestros requerimientos fueron debidamente fundamentados y avalados por un juez, todo dentro del marco de legalidad. Calificar de esa forma nuestras actuaciones no es más que una manera de desviar la atención del fondo y la relevancia de lo que se investiga, sobre todo tomando en cuenta que se trata de la seguridad social costarricense, una de las mayores conquistas históricas de nuestro país. Afirmaciones como esas socaban la democracia y atentan contra la institucionalidad, la división de poderes y el cumplimiento de la ley.”

Así el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General están enfrentados por este caso y la forma como se ha manejado, lo que una vez más tensa la relación entre los poderes de la República.

Finalmente Días solo indicó que “quiero garantizar a la ciudadanía que defenderé la independencia del Ministerio Público de cualquier injerencia que pretenda debilitarnos y que las personas que integran esta institución actuarán con decisión, valentía y fortaleza, apegadas a la legalidad, con absoluto respeto de las decisiones de los jueces y en defensa de los derechos de toda la ciudadanía, sin distingo alguno y sin dejarnos amedrentar por nadie”.