Juez fue demandado por abuso de autoridad tras eliminar regulación.
Redacción | redaccion@cronica.cr
El presidente de la República, Rodrigo Chaves indicó que el gobierno buscará la forma de cerrar los llamados comisariatos, que son prácticamente pulperías, las cuales actualmente son administradas por los mismos privados de libertad y generan ganancias millonarias.
Lo que llama la atención, según el Mandatario, es que están dentro de las cárceles, pero no pagan alquiler, ni electricidad, eso lo paga el Ministerio de Justicia, por lo que según el criterio de Chaves deberían de cerrarse.
“No hay competencia para que usted pague electricidad para que ellos tengan refrigeradoras ahí, y lo vamos a hablar, porque tiene la obligación de quitarle el subsidio que le está dando a un puñado de los reos más fregados dentro de los centros penales, para que se ganen 500 millones de pesos al mes, al día, lo que sea, aquí nos vamos a parar firmes”, le dijo Chaves a Gerald Campos, jerarca de Justicia.
Esto justamente luego de anunciar una denuncia penal contra un juez de ejecución de la pena de Limón que ordenó suspender una circular mediante la cual se regulaba qué productos se podrían vender o no en estos establecimientos, esto incluso con el apoyo de la directora del centro penal en Limón.
“Nos están afectando la administración, el control y la seguridad, pero no nos quedamos de brazos cruzados, hicimos tres cosas: ordenamos el proceso administrativo contra esa directora y ya está la investigación en el curso. Número dos, señor juez usted nos amenazó con abrirnos un expediente penal por desobediencia si no cumplimos, no, no, ayer a usted lo denunciamos ante el Ministerio Público por abuso de autoridad y ya la denuncia está presentada, nosotros no amenazamos, nosotros hacemos y la denuncia ya está interpuesta. También presentamos una denuncia ante la inspección judicial contra él por lo que consideramos una conducta irregular en favor de actividades que propician la criminalidad”, expresó Gerald Campos.
Es así como el gobierno busca frenar una actividad que pareciera ser maneja de forma irregular dentro de los centros penales y poner límites a las actividades que pueden realizar los privados de libertad.
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